Propiedad Intelectual en el Entorno Digital: Vacíos Normativos y Riesgos Jurídicos en Bolivia
En el contexto actual de acelerada transformación digital, la protección jurídica de los activos intangibles se ha vuelto una prioridad estratégica para los operadores económicos. Sin embargo, en Bolivia persisten vacíos normativos sustanciales que comprometen la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en su dimensión digital.
Desde el Consorcio Jurídico Aguilera Legal, advertimos la necesidad urgente de armonizar la
normativa nacional con los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual y
tecnología, a fin de garantizar seguridad jurídica a titulares de derechos, innovadores,
desarrolladores, creadores y empresas tecnológicas
- Marco jurídico nacional
El régimen legal vigente en Bolivia en materia de propiedad intelectual se sustenta principalmente en:
• Ley de Derechos de Autor (Ley N° 1322)
• Ley de Marcas y Señales Distintivas (Dec. Ley N° 1294)
• Ley de Patentes de Invención (Dec. Ley N° 12760)
• Código de Comercio (1977)
• Normativa SENAPI
Dichos instrumentos, concebidos en un contexto analógico, no prevén mecanismos específicos para la protección de obras, invenciones o signos distintivos en plataformas digitales, ni establecen procedimientos procesales idóneos para actuar ante vulneraciones en entornos tecnológicos o transfronterizos.
- Problemáticas jurídicas actuales
El vacío normativo genera situaciones de indefensión jurídica, entre las que destacan:
Infracción de derechos marcarios mediante el uso no autorizado de signos distintivos en redes sociales, páginas web o plataformas de e-commerce, sin posibilidad de acción inmediata.
Violación de derechos patrimoniales de autor y conexos en medios digitales, incluyendo reproducción, distribución o transformación de contenidos protegidos sin consentimiento del titular.
Ausencia de regulación sobre software, bases de datos, algoritmos y desarrollos de inteligencia artificial, lo que impide su registro o protección adecuada en el país.
Dificultades procesales para obtener medidas cautelares urgentes, como el bloqueo de sitios web, el retiro de contenido o la suspensión de cuentas infractoras en plataformas digitales.
Debilidad institucional para la fiscalización y persecución de delitos contra la propiedad intelectual cometidos en el ámbito digital.
- Consecuencias jurídicas y comerciales
La falta de normativa especializada limita la efectividad de los derechos conferidos por los registros otorgados por el SENAPI y genera inseguridad jurídica para empresas y titulares de derechos que operan en entornos digitales.
Además, impide el aprovechamiento efectivo de mecanismos internacionales como lossiguientes:
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)
Protege obras como libros, música, fotografías, audiovisuales y, en algunos casos, software.
Establece la protección automática sin necesidad de registro y reconoce los derechos morales del autor.
- Aplica exclusivamente a obras literarias y artísticas. No abarca marcas ni patentes.
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, 1996)
Complementa el Convenio de Berna y extiende su aplicación al entorno digital. Reconoce derechos sobre la distribución electrónica, la comunicación pública en línea y prohíbe la elusión de medidas tecnológicas de protección (DRM).
- Esencial para proteger software, obras audiovisuales y contenido en plataformas digitales
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)
Regula marcas, patentes, diseños industriales y nombres comerciales. Introduce principios como prioridad internacional y protección contra la competencia desleal.
- Fundamento para la defensa de activos industriales en el comercio exterior
- Protocolo de Madrid (1989)
Permite registrar una marca en más de 100 países con una sola solicitud internacional, simplificando costos y procedimientos.
- Ideal para empresas bolivianas con proyección internacional o exportación de marcas.
A pesar de que Bolivia es parte de estos tratados, su aplicación se ve obstaculizada por la falta de legislación específica y procedimientos adecuados que permitan su ejercicio pleno a nivel local.
- Recomendaciones jurídicas
En este escenario, sugerimos adoptar una estrategia jurídica preventiva y estructurada para mitigar riesgos
- Conclusión
En Bolivia, la brecha normativa en materia de propiedad intelectual frente a los avances tecnológicos representa un desafío urgente que requiere atención legislativa y estratégica.
Mientras tanto, la única herramienta eficaz es la prevención legal y la protección proactiva de los derechos mediante el uso combinado de registros, contratos, monitoreo y litigación inteligente.
En Aguilera Legal, contamos con un equipo especializado en derecho comercial y propiedad intelectual, preparado para asesorar tanto a empresas tecnológicas como a creadores, artistas, desarrolladores y marcas que requieran proteger sus activos en el ecosistema digital nacional e internacional.